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Martes 23 de Mayo de 2017

Diputados discuten ley de libertad religiosa

El miércoles 5 de agosto la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, inició el tratamiento del proyecto de “Ley de libertad religiosa”, presentado por la diputada, Cynthia Hotton, a fines de 2008, …

  • Iglesia    
  • 14 ago 2009   

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El miércoles 5 de agosto la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, inició el tratamiento del proyecto de “Ley de libertad religiosa”, presentado por la diputada, Cynthia Hotton, a fines de 2008, con el acompañamiento de la firma de doce diputados, entre ellos los titulares de las bancadas del PRO, Propuesta Republicana, Federico Pinedo, y Consenso Federal, Daniel Katz, junto a diputados de la Unión Cívica Radical y otras agrupaciones.

Cynthia Hotton, evangélica, proveniente de una familia de los Hermanos Libres, se desempeñó en la Cancillería, en el área de Comercio Exterior, para luego militar en la política y actualmente ser titular del monobloque Valores para mi País en la Cámara de Diputados. Su padre, Arturo Hotton, integra el Servicio Exterior de la Nación.

Actualmente, exceptuando el catolicismo romano, las organizaciones religiosas tienen que pedir la inscripción en un registro especial de la Cancillería y luego registrarse ante el Estado como asociaciones civiles. Desde lo jurídico no son reconocidas como iglesias. Esta calificación, que suele ser entendida como de “segunda ciudadanía”, es consecuencia la vigente ley de culto, 21.

745, promulgada en 1977, época de la Dictadura del 76.

El entendimiento de “segunda ciudadanía” se corrobora con el hecho de que la Iglesia Católica Romana goza de un estatus especial, a partir del artículo segundo de la Constitución Nacional, que establece que la República sustenta el culto Católico Apostólico Romano, a lo que se agregan otros beneficios a los que no tienen acceso las demás organizaciones religiosas.

En la década del 90, la Secretaría de Culto de la Nación, durante la gestión de Angel Miguel Centeno y un equipo que lo acompañó por más de diez años, promovió una serie de iniciativas a través de gestiones tanto del Partido Justicialista como de la Unión Cívica Radical.

Entre los años 1999 y 2001, la Secretaría de Cultos formó un Consejo Asesor para la Libertad Religiosa, con expertos en derecho y sociología provenientes de diversas tradiciones religiosas.

Ese Consejo redactó un proyecto de ley, que discutió con representantes de la Iglesia Católica Romana y las Federaciones Evangélicas, hasta contar finalmente con la aprobación definitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando estaba dispuesto para ser enviado al Poder Legislativo, el presidente Fernando de la Rúa abandonó su cargo, y posteriormente la gestión de la Secretaría pasó a otras manos, con lo cual dicho proyecto quedó desactivado.

Las personas que conformaban el Consejo formaron una instancia civil denominada CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, que actualmente funciona como una usina académica en temas de libertad religiosa y de conciencia, edita libros y realiza congresos.

El documento que había redactado el Consejo Asesor fue una de las fuentes utilizadas por la diputada Cynthia Hotton, junto a otras que registran los aportes realizados por la Secretaría de Culto entre los años 2002 y 2008 y propuestas desarrolladas por diversos sectores religiosos. Entre los religiosos consultados por la diputada Hotton se encuentra el Obispo Jorge Bergoglio, Arzobispo de la ICR, en Buenos Aires.

El nuevo proyecto reconoce el estatus jurídico de la Iglesia Católica Apostólica Romana y la totalidad de los tratados que la Santa Sede firmó con Argentina. Es decir, que el proyecto, que propugna la equiparación de derechos de las religiones frente al Estado, no desconoce los derechos adquiridos oportunamente por la ICR.

En la reunión del miércoles 5 de agosto estaban autoridades de distintas instituciones religiosas del país y el CALIR. Entre ellos, el pastor Hugo Baravalle, Presidente de FACIERA, Federación Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina; abogado Christian Hooft, vicepresidente institucional de FACIERA; pastor Ciro Crimi, presidente de FECEP, Federación Cristiana Evangélica Pentecostal; pastor Omar Cabrera (h), presidente de la Iglesia Visión de Futuro; pastor Agustín Marsal, Iglesia Anglicana de Devoto; Monseñor Tarasios, Eminencia Reverendísima, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires y Exarca de Sudamérica, de la Iglesia Ortodoxa y el abogado Raúl Scialabba por el CALIR, quien hasta diciembre del año 2008 fue presidente de esa entidad y es vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial.

La FAIE, Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, no envió representantes a la reunión pero sí una carta , fechada el 4 de agosto, el día anterior a la reunión, firmada por la Junta Directiva, cuyo presidente es el pastor Julio López, de la Iglesia Presbiteriana.

La FAIE resalta “la importancia que reviste la invitación cursada por una legisladora nacional en el marco del estado de derecho”, pero refleja a la vez la intención de que un proyecto anterior, trabajado desde el año 2005, sea puesto en vigencia como tema de debate legislativo.

Los directivos de FAIE señalaban que no concurrían a la reunión porque el proyecto presentado por la diputada Cynthia Hotton “es muy similar al ya tratado hace algunos años atrás en el marco de la Secretaría de Culto de la Nación” y que, por consiguiente, debería estar ya a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

FAIE sostiene que ese proyecto, discutido y acordado, fuera remitido al Congreso Nacional para su tratamiento. De hecho, la FAIE hace referencia a un proyecto desarrollado a partir de febrero del 2005, en diálogo con los directivos de la Secretaría de Culto de la Nación. En aquella oportunidad los participantes de FAIE entendían que a mediados del año el proyecto podría ser tratado y aprobado en el Congreso.

Los puntos centrales del proyecto “Hotton” mantiene reclamos “históricos” de las organizaciones religiosas como la igualdad de derechos y obligaciones a todas las religiones legalmente reconocidas en el país; acceso a exenciones o beneficios que las leyes tributarias y la Aduana prevean para las instituciones religiosas; inembargabilidad de los templos o lugares de culto, y de los objetos sagrados destinados al culto; libre acceso a las cárceles, hospitales, asilos y cuarteles a sus ministros y oros similares.

Además, el propicia cambios al Código Civil y del Código Penal y la creación de un Registro Nacional de Confesiones Religiosas, ante el cual podrán tramitar su inscripción o asiento las iglesias, comunidades y confesiones religiosas que desarrollen sus actividades dentro del territorio de la República Argentina.

A diferencia de la actual ley, se propone que las iglesias, comunidades o confesiones religiosas inscriptas tendrán personería jurídica como entidades religiosas. Al igual que el proyecto de la Secretaría de Culto de 2001, propone un Consejo Asesor de Libertad Religiosa, presidido por el Secretario de Culto.