Declaraciones de periodista cristiano alteraron la Casa Rosada
La afirmación del teólogo evangélico Alberto Avila de que se estaría frente a la «figura constitucional de golpe de Estado», porque el mandato de Néstor Kirchner «prescribió el 25 de mayo», generó revuelo en el gobierno que solicitó una urgente aclaración institucional.
La publicación de la opinión del vocero de la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) movilizó a «toda la Secretaría de Culto», confirmaron voceros eclesiásticos y gubernamentales.
Tanto fue el malestar en la Casa Rosada, que la secretaría de Estado a cargo de Guillermo Oliveri consiguió que ACIERA tomara distancia del periodista y teólogo que se desempeña como portavoz de esa organización religiosa.
«Si bien Alberto Ávila cumple tareas de prensa en ACIERA, el escrito no es respaldado, ni considerado, ni representa en lo más mínimo el pensamiento de esta institución», aclaró la entidad evangélica en una nota con la firma de su presidente, pastor Rubén Proietti.
Avila aseguró, en un artículo publicado en el portal Valores Religiosos, que el mandato presidencial de Néstor Kirchner «prescribió el pasado 25 de mayo», y se preguntó si «estamos ante la figura constitucional de un golpe de Estado».
Tras plantear que habría que analizar si es «legítimo que continúe gobernando el país», el referente evangélico criticó que ni la prensa, ni los políticos «supuestamente opositores» hablen de «una verdad elemental, un pequeño detalle que se nos pasó».
«El artículo 91 de la Constitución Nacional (texto de 1994, idéntico al art. 78 de la Constitución de 1853) dice: ‘El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo para que se le complete más tarde'», recordó.
Avila precisó que «para que no se produzca la vacancia del cargo, la misma Constitución prevé en su artículo 95 que la elección presidencial ‘se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio'».
«Kirchner, con su exiguo 22 por ciento de los votos del padrón nacional, se hizo cargo el 25 de mayo del 2003. El hecho de que su elección se haya realizado antes del día en que hubiera terminado la presidencia de Fernando de la Rúa (quien renunció), no significa que los cuatro años de Kirchner se extiendan por otros siete meses. El artículo 88 de la Constitución Nacional prevé que en caso de acefalía un funcionario ejercerá la presidencia hasta que ‘un nuevo presidente sea electo'», advirtió en el artículo.
El teólogo evangélico sostuvo que «Kirchner se hizo cargo del gobierno el 25 de mayo de 2003. Ese día cesó Eduardo Duhalde, que estaba a cargo de la presidencia ‘hasta que un nuevo presidente sea electo’. Los cuatro años de Kirchner se cuentan por eso desde el 25/05/2007.
Ninguna otra interpretación es admisible dentro del marco de la Constitución». Avila planteó entonces varias preguntas: «¿Es la permanencia de Kirchner en la Casa Rosada y en el poder, legal y legítima? ¿Será, como muchas voces (acalladas mediáticamente) concuerdan en que esto es motivo de un subrepticio y consensuado autoritarismo y ‘golpe de Estado’ dado por el mismo Kirchner? ¿Se acabó el ‘poder’ de Kirchner? ¿Debemos continuar aceptando su mandato conforme la Carta Magna nos lo expresa?» Tras citar el artículo 36 de la Constitución, insistió en que «todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo» «Kirchner sigue en el poder desde el 25/5/2007 así como sus ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.
Resulta de este artículo y sus severas penas, que esta actitud cae encuadrada dentro del delito del ‘golpe de Estado’. De hecho cada una de las autoridades Nacionales del Poder Ejecutivo, estarían inhabilitados perpetuamente para ejercer cargos públicos, además de ser procesados penalmente por traición a la Patria como establece el propio artículo 29 de la Constitución al cual se remite», aseveró.
Avila enfatizó en este sentido que tanto Kirchner como otros funcionarios «serían pasibles de una pena de 5 a 15 años de prisión», según lo establecen los artículos 226 y 227 del Código Penal.
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