La atípica libertad religiosa en China
Para asegurarse de que cada una de las cuatro religiones reconocidas actúe según los parámetros gubernamentales, se han establecido cuatro asociaciones patrióticas. China, 90% atea, está experimentando un creciente interés por la espiritualidad. “Todas las iglesias están muy activas, especialmente los protestantes, que tienen el mayor número de conversiones”.
Ser el centro de la atención pública mundial por alojar los Juegos Olímpicos de este año no ha hecho retroceder a China respecto a las restricciones legales que impone a la práctica religiosa. Si bien la autorización para distribuir la Biblia y otros materiales religiosos durante los Juegos demuestra progresos en los contactos extraoficiales entre el Gobierno Chino y la Iglesia Protestante, es el propio Estado el que ha asumido esta labor para cerciorarse de que no haya interferencia en su política religiosa.
Según las reglas del país, los extranjeros no pueden establecer organizaciones religiosas ni llevar a cabo actividades relacionadas con el proselitismo religioso sin permiso de las autoridades. La advertencia está especialmente dirigida a los grupos de misioneros cristianos que han planeado enviar a voluntarios evangelistas a China aprovechando el certamen deportivo.
El respeto a la libertad religiosa es uno de los puntos más controversiales del Gobierno Chino, así lo advierten varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe 2007. China sigue siendo un “país de particular preocupación por las severas violaciones de la libertad religiosa”, consigna el documento. Pese a ello, esas organizaciones también coinciden en afirmar que los cultos religiosos siguen creciendo en ese país.
Debido a la coyuntura política, de las cuatro religiones permitidas en China -el cristianismo, el islam, el budismo y el taoísmo-, el budismo, mayoritariamente practicado en la Región Autónoma del Tíbet, es la más controlada. El Estado también ejerce una férrea vigilancia sobre la etnia uygur que profesa el islam en la provincia de Xinjiang. Según las autoridades, en ambos grupos religiosos se han infiltrado algunos malos elementos separatistas que se escudan en su fe.
Los grupos religiosos cristianos también sufren discriminaciones, aunque por otros motivos y en menor proporción. Según el documento del organismo estadounidense, “los oficiales locales en la provincia de Henan maltratan a los protestantes no registrados”. Agrega que los “líderes religiosos a menudo enfrentan tratamientos más severos, incluyendo la detención, el arresto formal y sentencias para ser reeducados”.
Un detalle importante es que, pese a los evidentes abusos y considerando que la ley china establece una pena de hasta dos años de prisión para los funcionarios que priven a los ciudadanos de la libertad religiosa, el organismo sostiene: “No hubo casos conocidos de personas sancionadas en virtud de este estatuto”.
El informe del 2007 concluye que “el respeto a la libertad religiosa del Gobierno Chino se mantuvo pobre, especialmente para grupos religiosos y espirituales no registrados oficialmente”, aunque no ofrece datos consolidados ni cifras comparativas con años anteriores. La organización Human Rights Watch denuncia que estos grupos son perseguidos penalmente, multados y clausurados.
Para supervisar que cada una de las cuatro religiones reconocidas actúe según los parámetros gubernamentales, se han establecido las asociaciones patrióticas, una por cada creencia. Los dirigentes de estas asociaciones se adhieren a la línea del partido y son el puente entre el Gobierno y el grupo religioso.
Según explica el informe, “el Gobierno Chino tiende a percibir a los grupos o reuniones religiosas no reglamentadas como un posible desafío a su autoridad, por lo que intenta controlarlos para evitar el aumento de las fuentes de autoridad fuera del control del Gobierno y el Partido Comunista Chino”.
Aunque en teoría esos abusos terminarían si la totalidad de los grupos religiosos estuviera bajo la esfera del Estado, que protege de forma jurídica y económica a las asociaciones patrióticas, la realidad no es tal. Muchos grupos religiosos se niegan a inscribirse por diferencias teológicas con sus asociaciones patrióticas y otros alegan que hacerlo implicaría aceptar el control de sus contenidos religiosos.
Los grupos protestantes no autorizados no están dispuestos a renunciar a su derecho a difundir su religión, actividad considerada proselitismo por el Gobierno y, por lo tanto, prohibida. Los católicos no autorizados objetan, entre otras cosas, diferencias irreconciliables entre su dogma y ciertas políticas de Estado, como la del hijo único, que implica el aborto en caso de un segundo embarazo.
Mientras el país crece a pasos agigantados, las libertades religiosas para sus ciudadanos no muestran progresos significativos. El crecimiento desmedido de la religión en China es percibida como una amenaza potencial para el sistema socialista, por ello el Gobierno busca mantener la religión bajo control.
