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Miércoles 13 de Diciembre de 2017

Uruguay legalizaría aborto bajo amenaza de veto presidencial y de la Iglesia

Cientos de personas marchan por el centro de Montevideo contra el proyecto de ley de despenalización del aborto

  • Sociedad    
  • 5 nov 2008   

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El debate sobre la legalización del aborto se instaló con fuerza en Uruguay, donde el proyecto de ley será tratado el martes por la Cámara de Diputados, en medio de manifestaciones a favor y en contra así como amenazas de veto presidencial, y de la excomunión de la Iglesia católica.

El proyecto de Salud Sexual y Reproductiva, a ser votado por la Cámara baja, tiene un capítulo que habilita a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez” por situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.

Habría votos suficientes para aprobar la iniciativa en la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que ostenta mayoría parlamentaria, aunque los partidos opositores votarían mayoritariamente en contra del proyecto, según anticiparon legisladores.

El FA votará el proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, pese a que el presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y firme opositor al aborto, ha reiterado que vetará cualquier norma que despenalice esa práctica.

Sin embargo, el mandatario no puede vetar por sí mismo una norma, sino que requiere el acuerdo del ministro del área vinculada, o una votación en el seno del Consejo de Ministros.

El veto presidencial es solo en caso de una censura parlamentaria contra un ministro.

En tanto, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, dijo al diario El País que los legisladores que voten a favor de la despenalización del aborto quedarán “excomulgados ipso facto” y que iniciará un proceso de excomunión formal con el Papa Benedicto XVI y el episcopado.

Las declaraciones de Cotugno generaron la ira del sistema político y de organizaciones sociales.

“Queremos rechazar la injerencia del poder eclesial”, dijo a la AFP Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS), que apoya despenalizar el aborto.

“Una cosa son los mecanismos que usa la ciudadanía” para marcar sus posiciones, y otra cosa es la amenaza de excomunión”, agregó Abracinskas.

“Improcedentes, inaceptables”, los calificó el diputado del FA José Carlos Mahía. “Es absurdo. La pregunta es: ¿después qué sigue? Espero que no sea la inquisición”, agregó en declaraciones a Ultimas Noticias.

El representante del opositor Partido Nacional Alvaro Lorenzo, dijo generarle “rechazo” la amenaza de Cotugno, mientras su colega del Partido Colorado Germán Cardozo estimó que “en un país libre, la amenaza no es el camino, no son buenas en ningún ámbito, ni desde la Iglesia ni desde ningún otro círculo de poder”.

El secretario de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Luis del Castillo, aclaró que “todavía no es una medida tomada colectivamente”, y señaló que los obispos se reúnen en asamblea el miércoles.

La Coordinadora Nacional Por la Vida (Provida) realizó este lunes una marcha por la principal avenida del centro de Montevideo, mientras que convocaba para el martes a concentrarse en torno al Palacio Legislativo.

Unas 2000 personas marcharon unas 15 cuadras con pancartas con leyendas como “No al aborto” o “Matar no es la solución”, y fotos de fetos y ecografías.

“Estamos convocando a todos los uruguayos a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto”, dijo María José del Campo, de Provida.

De su lado, la CNS convoca a seguir desde las barras de la Cámara el debate parlamentario, el martes a partir de las 16H00 (18H00 GMT).

Las movilizaciones se produjeron también en noviembre del año pasado, cuando el Senado aprobó el proyecto, tras una encendida polémica y sesiones truncas debido a falsas amenazas de bomba, que llevaron a desalojar las barras de la cámara colmadas de activistas de ambos bandos.

En Uruguay se consuman anualmente 33.000 abortos, según datos que maneja el Parlamento, aunque a nivel judicial se estima que la cifra real es más del doble y que la práctica clandestina deriva anualmente en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes.

Afp