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Sábado 03 de Diciembre de 2016

Legalización de marihuana en Uruguay busca sacarle mercado al narcotráfico

“En ninguna parte del mundo lo represivo ha dado resultado” contra el narcotráfico, dijo este jueves (01) el presidente José Mujica, impulsor de la iniciativa, lanzada en junio de 2012 en el marco de un plan para combatir el incremento de la violencia en el país.

  • Sociedad    
  • 2 ago 2013   

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Montevideo.— Con el proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay el gobierno apunta a sustituir un mercado ilegal que mueve de 30 a 40 millones de dólares anuales y alejar a los consumidores de los narcotraficantes, al ofrecerles una sustancia de mejor calidad.

Sin embargo, el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas ha mostrado su «preocupación» por la aprobación en la Cámara de Diputados de Uruguay de una ley que despenalice la producción y distribución de marihuana.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha dicho en un comunicado que de aprobarse definitivamente dicha ley —aún debe recibir el visto bueno del Senado—, estaría en «completa contravención» con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.

“En ninguna parte del mundo lo represivo ha dado resultado” contra el narcotráfico, dijo este jueves (01) el presidente José Mujica, impulsor de la iniciativa, lanzada en junio de 2012 en el marco de un plan para combatir el incremento de la violencia en el país.

El proyecto de legalización, que convertiría al Estado uruguayo en el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis, fue aprobado en la noche del miércoles (31 de julio) en la Cámara de Diputados, sólo con los votos del oficialismo, y ahora deberá pasar al Senado para su ratificación.

El gobierno ha enmarcado su iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas -integrada por los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardozo, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros- que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado.

En ese sentido, Mujica, atribuyó el incremento de la violencia y los ajustes de cuenta en el país al narcotráfico, que “termina arrasando con todo”.

“Se intenta arrebatar el mercado de la clandestinidad y tener un mercado a la luz del día”, enfatizó.

Mejorar la calidad de marihuana

La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, hay unos 120.000 consumidores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores sostienen que la cifra ronda los 200.000.

Para Julio Calzada, secretario general de la JND, eso implica que en el país se comercializan unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.

La idea del gobierno es habilitar la plantación, distribución y expendio por parte de privados, todo bajo control estatal, lo que permitiría “controlar el volumen de producción”, explicó Calzada a la AFP.

El objetivo es “regular un mercado que ya existe”, enfatizó.

Actualmente el consumo -que aumenta año a año- no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.

Si bien el auto cultivo está actualmente penado en el país, la Asociación de Estudios del Cannabis estima que hay unos 10.000 auto cultivadores, cifra que se duplica cada año.

Graves consecuencias

Según los expertos, de aprobarse esta ley podría tener «graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes», por lo que han pedido a las autoridades que consideren «todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión».

El Gobierno uruguayo aduce que la legalización de la marihuana es una forma más eficiente de lucha contra el narcotráfico que las actuales políticas represivas, ya que ataca a sus fuentes de financiación.

En su último informe anual, publicado en febrero, la JIFE ya indicó que regular el mercado del cannabis, como propone Uruguay, infringiría los tratados internacionales, que sólo prevén el uso del cannabis para fines médicos y científicos.

En ese documento, la JIFE, advirtió de que sigue con preocupación «el llamamiento hecho en altas instancias en favor de la legalización de drogas ilícitas, basado en la presunción de que la despenalización del tráfico reduciría la violencia conexa».

Fuente: AFP