Texas obligará a enterrar o incinerar restos fetales tras abortar
TEXAS, EE.UU.-El Estado de Texas exigirá que los restos fetales sean enterrados o incinerados después de practicar un aborto, independientemente del período de gestación. La medida, aprobada después de una intensa campaña en contra por parte del sector de la salud por considerarla una intromisión en los derechos de la mujer, entrará en vigor el próximo día 19 de diciembre y puede convertirse en la primera de este tipo en aplicarse en Estados Unidos.
“Las nuevas restricciones revelan la dolorosa indiferencia que sienten los políticos de Texas hacia las mujeres”, afirmó David Brown, asesor legal del Centro por los Derechos Reproductivos, en un comunicado. “Forzar a una mujer a pagar por un entierro después de interrumpir su embarazo o sufrir un aborto no solo es absurdo, es una carga innecesaria y una intromisión en sus creencias personales”.
La norma ha sido firmada por el gobernador republicano Greg Abbott y constituye una nueva ofensiva para limitar el acceso al aborto, similar a la derrotada el verano pasado ante el Tribunal Supremo. Entonces, una mayoría de jueces consideró que el aumento de requisitos a médicos y centros que practican abortos, que derivó en un cierre de numerosas clínicas, no contribuía a mejorar la atención a las mujeres, sino que limitaba su acceso al tratamiento.
El texto asegura que esta práctica derivará en “una mayor protección de la salud y la seguridad del público”, pero sus detractores alegan que solo conllevará mayores costes para los centros médicos y disuadirá a las mujeres de acudir a las clínicas para ejercer su derecho a un aborto seguro. Los legisladores aseguraron durante el debate de la norma que uno de sus objetivos era “proteger la dignidad del no nato”.
La medida prohíbe a los hospitales y los centros médicos que practiquen abortos a eliminar después los restos como hacían hasta ahora, en contenedores sanitarios adecuados para ello. El Departamento de Salud estatal ha especificado que la normativa no afecta a aquellos abortos que ocurran en una residencia privada ni se requerirán certificados de nacimiento.
Más de 35.000 personas enviaron mensajes de rechazo a la normativa durante su período de debate en la cámara legislativa de Texas. El Centro por los Derechos Reproductivos asegura que la nueva regla “tiene motivaciones políticas” y está diseñada para “restringir el derecho de las mujeres a un aborto seguro y legal al aumentar su coste y empeorar el estigma y el trauma que rodea la interrupción de un embarazo”.
La vía judicial es la única para impedir que se pongan en marcha los nuevos requerimientos en Texas, ampliamente criticados por la comunidad médica, y tanto el Centro de Derechos Reproductivos como la American Civil Liberties Union ya se han querellado anteriormente contra medidas similares. El Tribunal Supremo reconoció en 1973 el derecho al aborto pero los Estados tienen competencias en materia de salud que les permiten aprobar restricciones.
Solo dos Estados han intentado antes aplicar medidas como la de Texas, según datos de The New York Times. Uno de ellos es Luisiana, donde aún no ha entrado en vigor, y el otro es Indiana, donde fue firmada por el entonces gobernador republicano y hoy vicepresidente electo, Mike Pence. Esta última ley estatal también permanece bloqueada en los tribunales por varias demandas.
El presidente electo, Donald Trump, ha mantenido en el pasado diferentes posturas con respecto al derecho al aborto, pero durante la campaña electoral prometió que nombraría al Tribunal Supremo a jueces que estén dispuestos a revocarlo. Si la legislación de Texas es finalmente demandada ante la justicia y el caso avanza hasta la Corte, puede ser el primer caso relacionado con el aborto que se estudie bajo el mandato de Trump.
