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Martes 17 de Octubre de 2017

El Gobierno español aprueba el aborto a la edad de 16 años sin permiso paternal

Las menores no tendrán que comunicar a sus padres la decisión de interrumpir su embarazo si alegan “un conflicto”. El médico (del centro público o de la clínica privada, en función de la elección de la joven) valorará si la menor dice la verdad y decidirá si le permite abortar o no. Para ello “podrá solicitar informes psicológicos”, pero sólo si lo estima necesario.

  • Iglesia/Estado    
  • 1 jul 2010   

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Tan solo unos pocos días faltan para que el aborto libre sea legal en España. En el caso de menores de edad desde los 16 años, la decisión podrá quedar en manos del médico y la sanidad pública tendrá que pagar la intervención incluso si se practica en una clínica privada.

El 5 de julio próximo entrará en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y, con ella, toda embarazada que lo solicite, podrá abortar antes de la semana 14 (y de la 22 en varios supuestos).

La norma también faculta a las menores, desde los 16 años, a tomar esta decisión. Pero, por si el texto normativo no lo dejaba suficientemente claro, el Consejo de Ministros aprobó el viernes los dos decretos –uno dependiente de Igualdad y otro de Sanidad– que regulan esta práctica.

En el primero se establecen las condiciones que tendrán que reunir las adolescentes si quieren abortar. En principio, se les pide que “acrediten” el consentimiento de uno de sus progenitores o tutores, aunque el decreto no especifica el modo de hacerlo. Un folio con una firma, a la manera de un justificante para no asistir a clase, podría ser suficiente.

Sin la intervención de los padres

Las menores no tendrán que comunicar a sus padres la decisión de interrumpir su embarazo si alegan “un conflicto”. En este caso, el médico (del centro público o de la clínica privada, en función de la elección de la joven) tendrá que valorar si la menor dice la verdad y decidir si le permite abortar o no. Para ello “podrá solicitar informes psicológicos”, pero sólo si lo estima necesario.

En el decreto de Sanidad, que garantiza la “calidad asistencial”, se hace hincapié en otro cabo suelto de la ley: el derecho a que la sanidad pública pague el aborto. La mujer podrá acudir a abortar a un centro público y si “excepcionalmente” la intervención no se puede practicar, el centro le derivará a la clínica privada de su elección y le notificará “en el plazo de 10 días” que tiene derecho al abono de la intervención.

Los grupos pro vida, que no han dejado de manifestarse contra la nueva ley del aborto desde que el Gobierno comenzó la reforma, no dejarán de hacerlo en los últimos días antes de que la norma entre en vigor. Durante la presente semana prepararán la concentración del próximo sábado, frente al Tribunal Constitucional, en la que pedirán la suspensión de la ley.

F: El País / Protestante Digital