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Jueves 19 de Octubre de 2017

Un pastor torturado en Filipinas declara ante la ONU

Las pretensiones del gobierno filipino en materia de protección de derechos humanos “son totalmente falsas”, declaró el pastor Berlin Guerrero esta semana al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.

  • Policial/Judicial    
  • 2 may 2009   

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Las pretensiones del gobierno filipino en materia de protección de derechos humanos “son totalmente falsas”, declaró el pastor Berlin Guerrero esta semana al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Guerrero, quien fue él mismo víctima de torturas, dijo que el gobierno de Gloria Arroyo es “negligente en el cumplimiento de su responsabilidad de impedir la tortura”.

Guerrero, ministro ordenado de la Iglesia de Cristo Unida de Filipinas, afirmó que “el personal eclesial no se ha librado de la tortura”.

“La mayoría de las víctimas de la tortura entre el personal eclesial pertenecen a iglesias miembros del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, y yo soy una de esas víctimas”, señaló ante el Comité de la ONU.

Según el grupo defensor de los derechos humanos Karapatan (Alianza para el Progreso de los Derechos del Pueblo), entre 2001 y 2008 hubo 1.010 víctimas de tortura documentadas en Filipinas. Las ejecuciones extrajudiciales ascendieron a 991 en el mismo período.

Guerrero declaró ante la 42º sesión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura reunido esta semana en Ginebra, Suiza, para examinar el comportamiento de Filipinas y otros países con respecto a los derechos humanos.

Su presencia estuvo patrocinada por la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).

Guerrero fue secuestrado en presencia de su familia el 27 de mayo de 2007, inmediatamente después del culto dominical celebrado en la congregación de la Iglesia Unida de Cristo en Malaban, Biñan. Como recordó en su declaración ante el Comité de la ONU, “no se mostró ninguna justificación del arresto pese a nuestras alegaciones y protestas”.

Después de “un año, tres meses y 15 días”, fue puesto en libertad por “insuficiencia de pruebas”. “La experiencia de este tipo de persecución fortaleció y confirmó mi fe”, dice Guerrero. “Durante el arresto tuve la satisfacción de poder servir a la comunidad de la prisión iniciando un ministerio cristiano para mis compañeros de cautiverio”.

Cuando visitó las oficinas del CMI en Ginebra el 28 abril, Guerrero fue recibido por el secretario general del CMI pastor Dr. Samuel Kobia. Durante la visita que realizó a Filipinas en noviembre de 2007 encabezando a una delegación internacional, Kobia había adherido a la campaña en favor de Guerrero, pidiendo públicamente su liberación.

Según Guerrero, gracias a una campaña internacional en la que las iglesias han desempeñado una función decisiva, han disminuido las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. Pero “con elecciones generales programadas para 2010 están volviendo a aumentar a razón de una persona asesinada cada semana”, subrayó.

“El CMI seguirá apoyando los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos en Filipinas”, dijo Kobia a Guerrero, quien estaba acompañado de la secretaria general de Karapatan, Marie Hilao-Enriquez, y de Raymond Manalo, otra víctima de tortura en Filipinas.

El duro trance de un agricultor

Manalo, un agricultor de 27 años de San Ildefonso, en la provincia septentrional de Bulacan, fue secuestrado junto con su hermano Reynaldo el 14 de febrero de 2006. Fue retenido durante 18 meses en tres instalaciones diferentes de detención secreta dentro de campamentos militares.

“Los soldados nos golpeaban con palos en la espalda y en otras partes del cuerpo, nos pegaban con cadenas, nos quemaban partes del cuerpo con cigarrillos y hojalata calentada, nos pateaban con sus botas de combate, nos golpeaban con las culatas de sus rifles, me echaban gasolina en la cintura y las piernas amenazando quemarme”, declaró Manalo ante el comité de la ONU.

Manalo testificó que “los soldados ejecutaban de forma sumaria a civiles a los que acusaban de ser rebeldes o de ayudar a éstos”, y torturaban a otros prisioneros. Una vez que aceptó las falsas acusaciones de los secuestradores, se mitigó la tortura y comenzó para él un régimen de trabajo esclavo.

Manalo escapó con su hermano en agosto de 2007. Con ayuda de organizaciones defensoras de los derechos humanos pudo obtener un mandato de amparo –una protección jurídica para posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. En septiembre de 2008 presentó denuncias criminales contra los militares a los que pudo identificar entre sus torturadores.

“No quiero que nadie más pase por este duro trance. Quiero que desaparezcan en mi país las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y la tortura […] Espero que la presidenta Gloria Arroyo ponga fin a la impunidad”, dijo Manalo ante el comité de la ONU.