Una mujer de nacionalidad venezolana, a la que se vincula con la Compañía de Inversiones, S.A., propiedad del ex secretario de Turismo Félix Jiménez (Felucho), fue acusada de incautar bienes e influir para desalojar una iglesia pentocostal en Los Ríos.
Un contingente policial al mando de un oficial sólo identificado como el capitán Tineo, encabezó esta mañana la destrucción del local de la iglesia evangélica “Puerta de la Misericordia”, en la avenida República de Colombia frente al Jardín Botánico, acción en la que se utilizaron camiones para cargar con los bienes y a civiles dotados de mandarrias, picos y palos.
La acción se ejecutó a las 5:30 de la mañana.
El jovencito Daniel Ramírez, de 13 años, y la señora María Reynoso, fueron golpeados por los agentes, según denunciaron a los periodistas.
La mujer que reclama los terrenos donde opera la iglesia fue identificada como la venezolana Rhina Marcano, a la que el abogado de los evangélicos, Santo Acosta Herasme, acusó de querer apropiarse de un área que no le pertenece, por lo que han estado en litigio desde hace años, en el Tribunal Superior de Tierra del Distrito Nacional.
Acosta Herasme presentó un títulos, según la cual el área donde está la iglesia es propiedad de la sucesión Félix Soto Ramos, y un croquis con la demarcación territorial de las áreas que compró la señora Marcano y en la que está ubicado el centro reliogioso.
Afirmó que la venezolana reclama los terrenos donde está ubicada la iglesia sin contar el título correspondiente, ya que aunque las dos áreas están en la Parcela No.53 la manzana es diferente.
Advirtió que en representación de la comunidad cristiana acusará de robo y de violación a la propiedad privada a la mujer y civiles que rompieron y penetraron al local, llevándose bocinas, púlpito, computadoras, bancos, sillas y otros bienes.
A pesar de los alegatos del abogado Acosta Herasme, el coronel Holguín, comandante de la zona de Los Jardines y Los Ríos, justificó la acción policial, al afirmar que la venezolana cuenta con un título, una sentencia del Tribunal de Tierras y la orden del Abogado del Estado para ejecutar el desalojo de la iglesia pentecostal.
