Es el caso, entre otros, del matrimonio formado por Primitivo Alavés Hernández e Inés Ruiz Cruz, originarios de San Miguel Aloapam, Oaxaca, quienes en diciembre de 2006 solicitaron su residencia en Estados Unidos, argumentando ser víctimas de persecución religiosa.
El juicio se tramita ante una corte de Minnesota, y entre los testigos están integrantes de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, organismo que sólo durante 2007 documentó más de 60 casos de intolerancia religiosa en contra de creyentes evangélicos.
Primitivo y su esposa, quienes residían de manera ilegal en Estados Unidos desde 1997, fueron detenidos por autoridades migratorias, y así fue como su caso llegó a los tribunales, donde podría sentar un precedente que ubique a México entre los países donde existe la persecución por motivos religiosos, explica en entrevista Oscar Moha, vocero de la Barra.
“Tenemos varios casos como éste. Los hermanos fueron expulsados de su comunidad en 1991 por pertenecer a una iglesia evangélica y ante la imposibilidad de vivir o de trabajar en su lugar de origen, por las agresiones de católicos y autoridades tradicionales, decidieron irse a Estados Unidos, donde están recibiendo el apoyo de una iglesia evangélica”.
La historia de Primitivo e Inés, en efecto, es una entre muchas que ocurren en todo la República Mexiana , pero principalmente en los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Veracruz.
Antes de resignarse a abandonar su comunidad, ellos, sus padres, hermanos, tíos y amigos fueron golpeados, insultados, amenazados e incluso excluidos de servicios públicos como el acceso a agua potable por decisión de las autoridades municipales.
“No podíamos ir a la policía porque ellos no querían ayudar a los evangélicos”, relata Inés en su testimonio ante la Corte de Minnesota, en el que recuerda que su padre ni siquiera podía utilizar el transporte público de la comunidad.
Los riesgos de no ser católico
Expulsiones, secuestros y amenazas de muerte son algunos de los riesgos que conlleva profesar una religión distinta de la católica o educar a sus hijos bajo los principios de otro credo, porque los niños y los jóvenes también sufren las consecuencias de la persecución.
Uno de los casos más graves, hasta ahora, es el de Lorenzo López López, un joven de 20 años que fue torturado, ahorcado y sepultado por unas 30 personas que lo acusaron de predicar el evangelio en la comunidad, en junio de 2007 en Jomalhó, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, recuerda Óscar Moha.
La persecución religiosa en México es un fenómeno que empieza a ser conocido incluso más allá de las fronteras.
“El gobierno federal respeta por lo general la libertad religiosa en la práctica. Sin embargo, los deficientes mecanismos de aplicación de la ley han permitido que dirigentes de comunidades en Chiapas y otros estados discriminen a personas con base en sus creencias religiosas”, sostiene el Informe 2007 sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Los gobiernos a nivel federal y municipal no suelen castigar a los responsables de actos violentos motivados por cuestiones religiosas”, agrega el documento, que retoma varios de los casos denunciados durante 2007 por la Barra Nacional de Abogados Cristianos y otras comunidades no católicas.
En abril de 2007, en el Municipio de Zinacantán —población maya tzotzil en el estado de Chiapas— autoridades locales encarcelaron a Juan Méndez, dos días después de su conversión, y lo amenazaron con desnudarlo y pegarle. A la mañana siguiente fue liberado sin cargo alguno, pero la comunidad evangélica se sintió muy amenazada tras este incidente, detalla.
“El Director de la Normal para Maestros Lázaro Cárdenas, en Arteaga, Michoacán, suspendió a seis estudiantes normalistas testigos de Jehová, alegando que les faltaba suficiente fervor patriótico. El 7 de febrero de 2007, cuatro de los estudiantes se ampararon ante un tribunal federal (el caso seguía pendiente al momento de la redacción de este reporte)”, continúa el informe.
El informe expone la falta de intervención de las autoridades federales en la materia, concretamente la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) de la Secretaría de Gobernación, al detallar el caso de Abbot Avelino Solano, miembro de la comunidad evangélica del poblado de Pascala del Oro, en el municipio de San Luís Acatlán, Guerrero.
“Avelino Solano fue encarcelado, y su familia fue amenazada con la expulsión. La DGAR declaró que líderes comunitarios habían encarcelado al sujeto por no haber cumplido con sus responsabilidades laborales y no por sus creencias religiosas”.
Al asesinato del joven chiapaneco se suma, en el reporte de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, la destrucción de dos templos por autoridades locales y católicos, uno en Tenguecho Michoacán, el 14 de junio, y otro en Nichnantic, comunidad chamula, en Chiapas, el 22 de julio.
“Tenemos tres focos rojos en Chiapas y dos más en Oaxaca. En el primero, en la comunidad de Socaltenango están expulsando a 18 familias, entre ellos niños y jóvenes, porque no han querido pagar la cooperación de 2 mil 500 a 4 mil pesos para las fiestas del pueblo”, denuncia Óscar Mohá al consultarle cómo empezó 2008.
Lo más cuestionable, asegura, es que pese a haber más de 22 denuncias penales en diferentes estados del país, las procuradurías generales de justicia no han querido ni siquiera iniciar averiguaciones previas y, menos aún, girar órdenes, ya no de aprehensión, ni siquiera de presentación de los responsables.
En cuanto a las autoridades federales, la DGAR de la Secretaría de Gobernación “se entera a través de nosotros y de los medios de comunicación”, lamenta, y agrega que la dependencia se limita a mediar y promover la firma de acuerdos y pactos de no agresión entre católicos y evangélicos.
Falta de apertura y autoritarismo, señalan los abogados católicos
Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, reconoció que el fenómeno existe, y que es resultado de la falta de apertura y de libertad religiosa en México.
“No hay más responsable que los partidos y el gobierno, que no quieren reformar la Constitución para garantizar a todos una verdadera libertad religiosa; mientras no lo hagan y el PAN siga gobernando como lo hizo el PRI, seguirá habiendo cacicazgos e intolerancia, y no habrá garantías para que los ciudadanos puedan profesar libremente la religión que quieran”.
El abogado consideró que la Secretaría de Gobernación debería asumir plenamente su función de autoridad en la materia, y a través de la DGAR tener una intervención más directa en la solución de los conflictos, “para garantizar la gobernabilidad de este país, pero al parecer no les interesa”.
Sobre el nivel de las agresiones, que incluyen violencia y destrucción de inmuebles, aseguró que es, también, un problema de educación en lo que es el hecho religioso.
Los agresores, dijo, ni siquiera saben lo que es ser un católico, porque la esencia del catolicismo es el amor y el respeto al prójimo, y eso implica poder convivir perfectamente con las demás religiones.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, la Barra Nacional de Abogados Cristianos ha comenzado su propia lucha, y promueve la realización de talleres sobre libertad religiosa en zonas indígenas, “pues por algo tenemos que empezar”, dice Óscar Moha.
Ese algo es la difusión que, por lo pronto, se realiza a través de 41 estaciones de radio clandestinas que operan comunidades evangélicas, principalmente en la frontera sur del país, para informar sobre el derecho constitucional a la tolerancia religiosa. Es apenas un paso, reconoce Moha, pero se está dando.
El Universal
