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Evangélicos regresan a casa tras haber sido expulsados por no renunciar a su fe
Persecuciones

Evangélicos regresan a casa tras haber sido expulsados por no renunciar a su fe

Feb 8, 2016
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MEXICO.- Dos evangélicos firmaron un acuerdo esta semana con la supervisión de funcionarios de Chichiltepec, en el estado mexicano de Hidalgo, para garantizar el regreso a sus hogares con garantías de respetarse su libertad religiosa, informa Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Casto Hernández Hernández, de 31 años, y su primo Juan Plácido Hernández Hernández, de 26 años, ambos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de México, fueron desalojados por la fuerza en marzo de 2015, después de negarse a renunciar a su fe protestante.

Fueron encarcelados por los funcionarios del pueblo de Chichiltepec el 12 de marzo. Mientras estaba en prisión, fueron presionados para renunciarán a ser evangélicos. Cuando se negaron a hacerlo después de 30 horas, fueron liberados y les dijeron que tenían 18 horas para abandonar la comunidad.

Christian Solidarity Worldwide (CSW), acompañando a la entidad por la libertad religiosa mexicana Impulso 18, se reunió con los dos hombres en abril de 2015 y, posteriormente, garantizó su representación legal con los abogados afiliados a Impulso 18.

Las audiencias iniciales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH) se centraron en demostrar la intolerancia religiosa instigada por el delegado del pueblo, Jesús Domínguez Hernández.

Se presentaron pruebas incluyendo una fotografía que muestra a los dos hombres detenidos y un vídeo de 40 minutos de la asamblea en la que Casto Hernández Hernández fue presionado a renunciar a su fe.

Un representante local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también dio testimonio para apoyar Casto y el caso de Juan Plácido. A pesar de la admisión abierta a principios de audiencias por Domínguez Hernández a la CEDH que había intentado obligar a los hombres a cambiar sus creencias religiosas, el caso se prolongó durante casi un año, después de que el Ministerio Público cancelase las audiencias en varias ocasiones.

La semana pasada se llegó a un acuerdo “sin precedentes” en la región, según las ONG locales. El director de Impulso 18 Jorge Galindo dijo estar “muy satisfecho” por el resultado.

“Las autoridades del pueblo llegaron a la audiencia para luchar, pero cuando se dieron cuenta de que sólo estaban a un paso de ir a la cárcel, cambiaron su posición. Esperamos que este caso siente un precedente en México y contribuya a un cambio general en la cultura, en la que se ha aplicado correctamente la ley y la libertad religiosa para todos, tal como está protegida en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales de los que México es parte”.

Las violaciones a libertad religiosa son habituales en el estado de Hidalgo, donde los líderes locales a menudo intentan forzar a los evangélicos a practicar la religión mayoritaria, el catolicismo.

Original

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Casto Hernández Hernández, de 31 años, y su primo Juan Plácido Hernández Hernández, de 26 años, ambos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de México, fueron desalojados por la fuerza en marzo de 2015, después de negarse a renunciar a su fe protestante.

Fueron encarcelados por los funcionarios del pueblo de Chichiltepec el 12 de marzo. Mientras estaba en prisión, fueron presionados para renunciarán a ser evangélicos. Cuando se negaron a hacerlo después de 30 horas, fueron liberados y les dijeron que tenían 18 horas para abandonar la comunidad.

Christian Solidarity Worldwide (CSW), acompañando a la entidad por la libertad religiosa mexicana Impulso 18, se reunió con los dos hombres en abril de 2015 y, posteriormente, garantizó su representación legal con los abogados afiliados a Impulso 18.

Las audiencias iniciales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH) se centraron en demostrar la intolerancia religiosa instigada por el delegado del pueblo, Jesús Domínguez Hernández.

Se presentaron pruebas incluyendo una fotografía que muestra a los dos hombres detenidos y un vídeo de 40 minutos de la asamblea en la que Casto Hernández Hernández fue presionado a renunciar a su fe.

Un representante local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también dio testimonio para apoyar Casto y el caso de Juan Plácido. A pesar de la admisión abierta a principios de audiencias por Domínguez Hernández a la CEDH que había intentado obligar a los hombres a cambiar sus creencias religiosas, el caso se prolongó durante casi un año, después de que el Ministerio Público cancelase las audiencias en varias ocasiones.

La semana pasada se llegó a un acuerdo “sin precedentes” en la región, según las ONG locales. El director de Impulso 18 Jorge Galindo dijo estar “muy satisfecho” por el resultado.

“Las autoridades del pueblo llegaron a la audiencia para luchar, pero cuando se dieron cuenta de que sólo estaban a un paso de ir a la cárcel, cambiaron su posición. Esperamos que este caso siente un precedente en México y contribuya a un cambio general en la cultura, en la que se ha aplicado correctamente la ley y la libertad religiosa para todos, tal como está protegida en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales de los que México es parte”.

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