Exigen justicia 9 familias evangélicas expulsadas en Chiapas
Amparo es evangélica, tiene 22 años de edad y un niño de dos. Desde hace un mes ambos deambulan por esta capital, junto con otras ocho familias que sufren por haberse adherido a otra religión, en el poblado de Santa Rita, ubicado en el municipio La Trinitaria y habitado por mestizos e indígenas de origen tojolabal.
En marzo de 2005 las nueve familias fueron despojadas de sus parcelas y llegaron a Tuxtla Gutiérrez para solicitar justicia a las autoridades. Quieren recuperar su patrimonio y regresar a su poblado, pero en situación de igualdad.
Roger Grajales, secretario general de gobierno estatal, les hizo saber hoy que deben «negociar» con sus agresores, porque aplicar la ley en esa región «va a hacer más difícil su retorno».
El funcionario explicó que a estas familias que desde el 23 de octubre viven, comen y duermen en la plaza que da al palacio de gobierno les ha ofrecido resolver los conflictos con los católicos de Santa Rita, «pero no han aceptado».
Dijo que los evangélicos pidieron solución al gobernador Pablo Salazar, quien les dijo que su problema no es fácil y que sigan en la mesa de diálogo.
«Se han hecho innumerables acuerdos, propuestas y ofertas, pero los inconformes no han aceptado (…) Lo que desean es que se haga justicia, pero implica ejercitar la acción penal contra los que promovieron el despojo; eso es parte del cumplimiento de la ley que se hará, pero va a generar un ambiente más difícil para su retorno», explicó.
Agregó que se les ha ofrecido la restitución de sus tierras en la cabecera municipal, pero su posición es «radical».
Amparo llora de impotencia mientras cuenta su historia. «Yo no sé si ahora hay menos o más expulsiones de evangélicos, lo que sí se es que a nosotros nos despojaron, nos obligaron a salir, y no entiendo por qué, si el gobernador es evangélico y dijo que no se iban a permitir más abusos».
Las familias en plantón a las puertas de palacio de gobierno colocaron varias mantas, en una de las cuales se lee: «Hermano Pablo, lástima de tu gobierno injusto contra los evangélicos»; en otra piden justicia y en una más demandan la solidaridad de los transeúntes para que los apoyen con víveres y agua para sostener su movimiento.
Son 32 personas, entre ellas diez niños, algunos bebés. Son las familias de los hermanos Adán, Rigoberto y José Aguilar Pérez; de Caralampio Aguilar Aguilar, Fredy García Aguilar, Federico Hernández Aguilar, Alfredo Aguilar López y Pablo Cruz Gómez. Ellos compartían la zona ejidal de Santa Rita, hasta marzo de 2005, cuando fueron notificados de que por no participar en las festividades religiosas y políticas del resto de la población, perdían su derecho a la tierra.
El comisario Gilllermo López García y una plebe de gente nos fue a ver, pusieron cercas en nuestras casas, nos encerraron en ellas como si fuéramos delincuentes. Ahora sólo tenemos la casa y un patio como de 11 metros cuadrados. Tuvimos que vender la cosecha, y los puercos y las gallinas que teníamos», explica.
Detalla que antes del despojo los presionaron para abandonar su religión. «Siete meses nos quitaron el acceso al agua entubada, íbamos por la calle y nos gritaban, multaban a quien compraba en la tienda que teníamos. Nosotros somos gente de paz…»
Para sobrevivir durante año y medio los padres de familia consiguieron trabajo de albañiles en la cabecera municipal de Comitán. Algunos alquilaron un pedazo de tierra, donde siembran maíz y hortalizas.
«Que el gobierno haga lo que tenga que hacer, no vamos a cambiar de religión como nos exigen en la comunidad… primero Dios que todo salga bien», sostienen mientras se vuelven a colocar en las escalinatas del lugar.
La Jornada
