Pastores evangélicos desterrados de San Andrés Yaa exigen que los acepten nuevamente en su comunidad
Los pastores evangélicos Imeldo y Claudio Amaya Gabriel, habitantes desterrados de San Andrés Yaa, Villa Alta, exigieron nuevamente ser aceptados en su comunidad luego de que el pasado 5 de julio del 2010 fueran expulsados por practicar su fe cristiana evangélica.
Ambos pastores evangélicos narraron que desde el 2010 habían recibido amenazas de parte de la autoridad municipal y de los propios habitantes, quienes los acusaron de ir en contra de las costumbres del pueblo, ya que aunque participaban en todos los cargos públicos que eran nombrados y daban servicio a la iglesia católica, no participaban en las fiestas de la comunidad rehusándose a beber bebidas embriagantes.
Fue el pasado 20 de junio del 2010 cuando por un evento que tuvieron ambos pastores en su iglesia, sus adversarios llegaron con el pretexto que no había pedido permiso, por lo que en la comunidad se convocó a una asamblea de caracterizados y tomaron la decisión de destruir su templo, cortándoles la luz, agua y drenaje.
Luego de la destrucción, acusaron a los pobladores de haberse quedado con todas sus pertenencias de la iglesia, “no dejaron ni rastro, hasta plantaron algunas flores en el terreno”, dijeron Imeldo y Claudio Amaya Gabriel.
Fue el 6 de julio por la tarde cuando los expulsaron después de intentar muchas cosas para meterlos en la cárcel hasta en la cabecera municipal en Villa Alta, los regresaron a su comunidad y los expulsaron, dejándolos como un kilómetro y medio fuera del pueblo, amenazándolos con ahorcarlos si regresaran, cita la Agencia Digital de Noticias Sureste.
Ante la expulsión, los afectados exigen justicia, ya que las pasadas autoridades no realizaron
ninguna acción para solucionar este problema, lo cual se originó por practicar la fe cristiana evangélica. Agregaron que a sus familiares que se quedaron les dijeron que no deberían hacer nada, algunos tuvieron que pagar 6 mil pesos para que no los molestaran como una multa, ahí se quedaron sus esposas e hijos, y “para no sufrir por aquí optaron por pagar la multa que en un principio era de 12 mil pesos”.
Finalmente, dijeron que han tenido pláticas en ciudad administrativa, en Derechos Humanos, pero no se han tenido avances con las autoridades ni con los representantes de asuntos religiosos, quienes no hicieron nada al respecto.
