Gobierno de Bolivia atenta contra la libertad de religión de los evangélicos

Las organizaciones que no cumplan con las nuevas medidas del Gobierno van a perder su personalidad jurídica, por lo que la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) el 30 de julio presentó solicitud de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional del país.

  • Iglesia/Estado    
  • 28 ago 2014   

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COCHABAMBA, Bolivia.- Los cristianos evangélicos han comenzado su batalla contra las nuevas medidas que podrían provocar una disolución en muchas denominaciones protestantes y otros grupos que han ministrado en Bolivia desde hace décadas.

Las organizaciones que no cumplan con las nuevas medidas del Gobierno van a perder su personalidad jurídica, por lo que la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) el 30 de julio presentó solicitud de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional del país en busca de su derogación.

“Esta ley es totalmente inconstitucional, incongruente con la libertad religiosa consagrada en el artículo 4 de la Constitución”, dijo Ruth Montaño abogada en Cochabamba, quien está defendiendo el caso de Inconstitucionalidad de ANDEB.

La batalla por los derechos constitucionales en Bolivia afecta a las minorías religiosas del país gobernado por el presidente Evo Morales. El resultado podría determinar el futuro de la libertad de religión en el país andino, en particular para los 1,6 millones de cristianos protestantes de Bolivia.

La Ley 351, aprobada por la Asamblea Legislativa de Bolivia en marzo de 2013, tiene por objeto “regular la concesión y registro de personalidad jurídica de las iglesias, los grupos religiosos y las creencias espirituales, cuyos objetivos no implican ganancias”.

Montaño dijo a Morning Star News que las medidas contradicen el artículo 4 de la Constitución Política de Bolivia, aprobada bajo el liderazgo de Morales en febrero de 2009, que dice: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

El Decreto de 1987 impone una lista de condiciones previas gravosas a las organizaciones religiosas que contradicen el texto del artículo 4, por ejemplo, las denominaciones deben presentar una “lista notariada” de los nombres, números de identificación, certificados de impuestos y archivos de los líderes nacionales a la policía, así como un notariado de listas de nombres y números de identificación de la totalidad de su membresía.

Las iglesias también tienen que presentar un programación de sus actividades anuales “para el control y seguimiento” por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Si no entregan los documentos requeridos o estos presentan fallas el Ministerio de Asuntos Exteriores, podría cancelar la personería jurídica de la organización. Esto a su vez daría lugar a la confiscación de las propiedades de la iglesia, la disolución de los servicios de adoración y el cierre de centros de formación, dijo.

“La amenaza de revocar los documentos que nos otorgan personalidad jurídica, simplemente por decisión de un burócrata estatal, es violatoria al debido proceso”, dijo Montaño.

“De acuerdo al código de derecho civil, [de la iglesia] la personería jurídica sólo podrá ser revocada después de un juicio en que se encuentre la organización culpable de violar las leyes del estado”, dijo. “La Constitución no otorga a estos funcionarios la autoridad de revocar nuestra constitución legal”.

ANDEB espera una decisión del Tribunal Constitucional antes que finalice el año. Si los jueces deciden a favor de las organizaciones religiosas, se anularían los Reglamentos impugnados. Esto a su vez obligaría a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para garantizar la libertad la religión y proteger la situación jurídica de las iglesias.

Traducido y adaptado por NoticiaCristiana.com