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Miércoles 30 de Noviembre de 2016

Supremo Tribunal de Brasil: Aborto a los 3 meses no es crimen

Encuestas realizadas en los últimos años indican que tres de cada cuatro brasileños se oponen a legalizar la interrupción voluntaria de la gestación. Hoy conlleva una pena de uno a tres años de cárcel.

  • Iglesia/Estado    
  • 30 nov 2016   

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BRASIL.- Brasil, un país mayoritariamente conservador y donde aún son minoría quienes defienden la legalización del aborto, acaba de reabrir el debate en torno a esa cuestión. El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este martes 29 que la interrupción voluntaria del embarazo hasta el tercer mes no puede considerarse un crimen y estableció así un precedente que podría llevar a su despenalización. Aliados del Gobierno de centro-derecha ya han anunciado que contraatacarán por la vía parlamentaria.

La decisión de la sala primera del Supremo se refiere a un caso específico sobre la detención de cinco médicos y enfermeros de una clínica clandestina en Xerém, municipio de la periferia de Río de Janeiro. Pese a no ser vinculante, magistrados de otras instancias podrían seguir el mismo criterio a partir de ahora.

En 2014, la Corte ya había ordenado liberar a los cinco trabajadores por entender que no representaban una amenaza al orden público ni se daban otros requisitos para su prisión preventiva. Pero al juzgar esta semana el habeas corpus sobre el mérito del caso, tres de sus miembros añadieron el argumento de que, “en la hipótesis de la interrupción voluntaria de la gestación efectuada en el primer trimestre, la criminalización viola diversos derechos fundamentales de la mujer”.

Dado que “es la mujer quien soporta la carga integral del embarazo”, explicó el juez Luís Roberto Barroso. “Solamente habrá igualdad plena si a ella se le reconoce el derecho de decidir” sobre la continuidad o no de dicha gestación. “Tener un hijo por determinación del derecho penal constituye una grave violación de la integridad física y psíquica de una mujer”, añadió.

Además, dijo, “la tipificación penal también produce discriminación social, ya que perjudica de forma desproporcionada a las mujeres pobres, que no tienen acceso a médicos y clínicas privadas ni pueden valerse del sistema público de sanidad para realizar el procedimiento abortivo”. En ese sentido, aludió a la realidad que afrontan cada año decenas de miles de brasileñas, forzadas a recurrir a centros clandestinos “sin ninguna infraestructura” o a métodos “precarios y primitivos” que pueden causarles lesiones, mutilaciones e incluso la muerte.

Encuestas realizadas en los últimos años indican que tres de cada cuatro brasileños se oponen a legalizar la interrupción voluntaria de la gestación. Hoy conlleva una pena de uno a tres años de cárcel, aunque no se aplica si la madre ha sufrido una violación o su vida corre peligro. El Supremo decidió en 2012 que tampoco es crimen si se trata de fetos con anencefalia y la próxima semana juzgará el caso de mujeres infectadas por el virus del zika, que podría causar microcefalia en bebés.

En su voto, el juez Barroso recordó que “prácticamente ningún país democrático y desarrollado” trata hoy el aborto como un crimen, siempre que se produzca “durante la fase inicial”. Se refirió específicamente a la legislación de España y de otros países europeos, como Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal o Reino Unido, además de Australia, Canadá y Estados Unidos.

Luiz Carlos Hauly, veterano diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y que apoyó el pasado mayo la impugnación de la presidenta. “Quiero hacer una protesta vehemente contra la sala primera del Supremo. ¡Está instituido el asesinato!”, se quejó, en un discurso ante el pleno de la Cámara.

“Es una vergüenza lo que el Supremo ha hecho contra la vida, contra el ser humano en el planeta Tierra. Decisión abominable”, condenó.