“Los derechos sexuales, profundamente ligados a la libertad, la autonomía y la libre expresión de la personalidad, van tomando formas cada vez más concretas como derechos humanos, más allá de la perspectiva de la salud”, cita el capítulo del Informe de Derechos Humanos 2010 sobre “Educación sexual para decidir, un nuevo marco rector frente a tradicionales formas de no educación”, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
El documento fue elaborado por la abogada Mirta Moragas y Rosa Posa Guinea, integrantes de la Articulación Nacional de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.
“El Ministerio de Educación y Cultura formuló una política pública sobre educación integral en sexualidad que los respeta como derechos humanos inherentes a la persona. Los grupos fundamentalistas católicos y evangélicos arremetieron visceralmente contra este proyecto, profetizando irresponsablemente la degeneración de la humanidad si este se implementara”.
Señalan en el informe que el Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, es un proyecto de política pública educativa que, enmarcado en una perspectiva de derechos humanos, toma, de forma amplia, la educación en sexualidad, es decir, enmarca y explicita los derechos sexuales como tales en la educación. Añade que la cuestión es acceder a la educación para decidir no permanecer en el silencio de siempre para obedecer.
El informe sostiene que “está contextualizado en la realidad de nuestro país con la más altas tasas de embarazos adolescentes en la región, con una alta tasa de abusos, explotación y violencia sexual, con un 21,5% de personas de entre 15 y 24 años viviendo con VIH, con alto índice de estigma y discriminación vinculados al VIH por la falta de acceso a la información; con niñas, niños y adolescentes expuestos a informaciones no científicas”.
La Comision de DDHH encomienda en su informe que se debería aprobar la ley de salud sexual, reproductiva y materna perinatal, actualmente en estudio. También pide modificar la Ley 210/70 para que permita la visita íntima a personas del mismo sexo en las penitenciarías.
