ONTARIO, CANADÁ. – La provincia de Ontario, Canadá aprobó una nueva ley que permite al gobierno retirar niños de familias que se niegan a aceptar la opción de los hijos por determinada «identidad de género» o «expresión de género».
Lo que fue llamado «Acto de Apoyo a Niños, Jóvenes y Familias», o Ley 89/2017, acabó siendo aprobada con una votación de 63 a favor y 23 votos en contra, según informa The Christian Times.
Esta ley exige que los servicios de protección de niños, servicios de adopción y jueces tengan en cuenta y respeten la «raza, ancestralidad, lugar de nacimiento, color, origen étnico, ciudadanía, diversidad familiar, discapacidad, creencia religiosa, sexo, orientación sexual, Identidad de género y expresión de género«.
«Creo que es una forma de abuso cuando un niño se identifica de una manera y un cuidador le dice que no, que ella necesita hacer las cosas de una manera diferente», explicó Michael Coteau, ministro de Servicios para Niños y Familias, que presentó el proyecto de ley.
«Si es abuso, y está dentro de esa definición, un niño puede ser removido de ese ambiente y colocado en un lugar protegido, donde el abuso no tiene lugar».
El proyecto de ley reemplaza la Ley de Servicios al Niño y la Familia, o Ley 28, que determinaba hasta recientemente cómo serían los servicios de protección al niño, servicios de acogida y adopción.
La Ley 28 asegura que el padre o madre del niño tenía el derecho de «dirigir la educación y la formación religiosa del niño». La nueva ley dice que esto puede hacerse «desde que siga la creencia del niño o del joven, su identidad comunitaria e identidad cultural». Es decir, ya no son los padres que determinan cómo se creará el niño, sino ella misma.
Irwin Elman, abogada provincial de los derechos de niños y jóvenes de Ontario, afirmó en un comunicado: «Creo que este nuevo acto, en sus principios, representa un cambio de paradigma para la provincia, mostrando su compromiso con la participación de niños y jóvenes en todas las decisiones que las afectan, la creación de un sistema de servicio centrado en el niño y el compromiso con el antirracismo y las elecciones de los niños”.
Jack Fonseca, estratega político de Campaign Life Coalition, se desahogó: «Con el paso de la Ley 89, nos adentramos en una era de poder totalitario del Estado, algo nunca antes atestiguado en Canadá. No se equivoca, la Ley 89 es una grave amenaza para los cristianos y todas las personas religiosas que tienen hijos o que desean crear una familia a través de la adopción».
En abril, una pareja cristiana presentó una acción judicial contra Hamilton Children’s Aid Society por haber retirado de su casa a dos niños adoptivos porque se negaron a mentir a las niñas, diciendo que el conejito de Pascua era real.
«Tenemos una política de no mentir», justificó Derek Baars, uno de los padres adoptivos, denunciando que una persona que trabajaba en el servicio de apoyo al niño insistió que él y su esposa, Frances Baars, dijeran a las niñas, de 3 y 4 años que el conejito de Pascua era de verdad.
«Nosotros explicamos a la agencia que no estamos preparados para decir a los niños una mentira. Si los niños lo pedían, no mentiríamos para ellos”.
Los Baars, que son miembros de la Iglesia Presbiteriana Reformada, perdieron la custodia de las niñas. El argumento de la agencia gubernamental de cuidado infantil es que el conejito de Pascua era una «parte importante de la cultura canadiense» y por eso los padres tenían que admitir su existencia, ha informado Christian Post.
