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Miércoles 22 de Noviembre de 2017

Evangélicos en México: “Los más pobres son los principales afectados por la violencia”

Diversas iglesias y asociaciones evangélicas señalaron que la violencia se encuentra “estrechamente ligada” a la injusticia social.

  • Sociedad    
  • 2 sep 2008   

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Diversas iglesias y asociaciones evangélicas señalaron que la violencia se encuentra “estrechamente ligada” a la injusticia social, la impunidad y la corrupción de los diferentes órdenes de gobierno, además de que se ejerce sobre los sectores pobres y marginados de la sociedad.

En un pronunciamiento, exigieron al gobierno mexicano poner en práctica una serie de medidas para combatir la ola de violencia, incluidos mecanismos para que las autoridades rindan cuentas sobre su responsabilidad en el combate al crimen, junto con medidas judiciales y el desarrollo de alternativas educativas, laborales y de recreación que permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa.

Las iglesias evangélicas rechazaron que el freno a la violencia radique exclusivamente en la tentación de buscar solución en el incremento de las penas y en el reforzamiento de las policías y los cuerpos de seguridad.

“La sociedad mexicana en su conjunto está viviendo días muy críticos, donde vemos momentos más álgidos de la ola de violencia desatada por los narcotraficantes en México, que este año se ha cobrado la vida de casi 3 mil personas, según algunas cifras extraoficiales”, señala la Secretaría de Comunicación Social de Iglesias Cristianas Evangélicas en México.

Exigen investigaciones eficaces

Además, esta organización religiosa exigió que se investiguen “con prontitud y eficacia” tanto las denuncias de delitos como las de uso indebido del sistema de justicia penal por parte de los servidores públicos o particulares. También solicitó que se desarrollen procedimientos de investigación que den prioridad al uso de pruebas periciales con base científica, para evitar sentencias que dependan únicamente de declaraciones.

Finalmente, sugirió que se restrinja el alcance de la jurisdicción militar para que el personal de las fuerzas armadas acusado de violar los derechos humanos sea investigado y juzgado por las autoridades civiles, sin ningún tipo de fueros o privilegios.

La Jornada