EE.UU.- Algunos demócratas en el Congreso que ahora hacen las reglas en la Cámara de Representantes han propuesto abandonar “así que ayúdame Dios” del juramento recitado antes de que alguien declare ante un comité legislativo.

Aquellos que argumentan a favor de abandonar “así que ayúdame Dios” afirman que impone creencias y prácticas religiosas impropias a los ateos.

“Creo que Dios pertenece a las instituciones religiosas: en el templo, en la iglesia, en la catedral, en la mezquita, pero no en el Congreso”, dijo el representante de Tennessee Steve Cohen, según el New York Times.

Cohen es el presidente del Subcomité del Comité Judicial sobre la Constitución, los Derechos Civiles y las Libertades Civiles.

O como dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, “No tenemos pruebas religiosas”.

No parece ser una prioridad alta, e incluso aquellos como Nadler que han hablado sobre el juramento no parecen tener opiniones firmes.

En una audiencia de febrero, Nadler soltó la frase al jurar a los testigos, pero cuando el representante republicano Mike Johnson hizo una petición de orden, Nadler se disculpó y volvió a hacer el juramento, incluida la frase.

Liberar a los tribunales y legislaturas de esta llamada prueba religiosa puede ser más difícil en algunos lugares que en otros.

A principios de este año, el Comité Conjunto de la Legislatura de Massachusetts sobre el Poder Judicial propuso destituir a Dios del juramento de los funcionarios estatales. Esto no será fácil porque está en la constitución del estado.

Políticamente, los demócratas también están abiertos a acusaciones de que son un partido sin Dios.

“Realmente se han convertido en la fiesta de Karl Marx”, dijo la representante de Wyoming, Liz Cheney, a Fox News.

Los que se levantaron para defender la noción de Nadler y Cohen señalaron que la frase no aparece en la Constitución.

La representante Debbie Dingell, una católica que apoya mantener la frase, simplemente se quejó de que los republicanos están utilizando el tema para desviar la atención de temas como la atención médica.

Pero hay algo de sentido para permitir que la gente suelte la frase. “Cuando nuestro país fue fundado, estaba compuesto principalmente de cristianos y otros creyentes. Hubo algunos deístas, pero pocos ateos”, dijo.

Estados Unidos es un país pluralista con una gran variedad de creencias y numerosos incrédulos. Los cristianos todavía constituyen la gran mayoría de la población (70 por ciento), pero los no cristianos son ahora el 6 por ciento. Otro 7 por ciento son ateos o agnósticos, según el Centro de Investigación Pew.

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BOLIVIA. – El presidente de Bolivia, Evo Morales aprobó en abril la Ley de Organizaciones religiosas, libertad religiosa y de creencias espirituales, que otorga a los evangélicos los mismos derechos que los católicos.

“Con esta ley, todas las iglesias tienen los mismos derechos, no hay ninguna iglesia primaria o secundaria como antes”, dijo el presidente boliviano, quien afirmó que las iglesias e instituciones evangélicas serán igual a las católicas romanas.

Las iglesias evangélicas existentes en los países funcionan de forma “clandestina”, por no ser reconocidas oficialmente.

“Ahora existe igualdad”, dijo Morales, quien agregó: “La gente ya no está obligada a casarse o bautizarse en la iglesia católica, ahora ellas pueden casarse y ser bautizadas en cualquier iglesia”.

En enero de 2018, Evo Morales criminalizó evangelismo por el Código Penal, pero más tarde revocó la decisión.

La Constitución de Bolivia declara al país como un Estado laico, pero la nueva legislación lo va a hacer más fácil para los cristianos evangélicos y las religiones indígenas del país para obtener un reconocimiento legal.

Derechos y deberes de las iglesias

La nueva ley establece la obligación de las iglesias de informar a las autoridades sobre las actividades administrativas, financieras, jurídicas, sociales, religiosas o espirituales que realizan.

Además, entidades religiosas están sujetas a la administración tributaria del país, sin poder beneficiarse, ya que su status legal no será reconocido. Algunas iglesias cuestionaron esa medida.

“Las iglesias tienen el pleno derecho de profesar la fe, pero ellas también tienen obligaciones ante el Estado, que debe reglamentarlas para garantizar que la población no sea engañada”, dijo Lino Cardenas, Presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados de Bolivia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, subrayó que “la ley fue hecha en colaboración con las iglesias, y reconoce la preparación de los religiosos”.

Divergencias

La ley está causando diferentes opiniones entre los evangélicos. De acuerdo con Munir Chiquie, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB), la ley “es un salto cualitativo en el desarrollo y comprensión de la libertad fundamental que es inseparable de las libertades de culto, conciencia y pensamiento”.

Sin embargo, la nueva norma fue rechazada por la Iglesia Presbiteriana, que argumenta que implica una interferencia del Estado en el derecho fundamental a la libertad de religión y de monitoreo en sus recursos económicos.

Antes de que la ley fuera firmada, la Asociación de las Iglesias Unidas de La Paz, capital del país, también se quejaron de que la propuesta fallaba por hacer las iglesias distintas.

“Somos promotores de la unidad. Aquellos que están en las iglesias del país, les pido que se unan”, dijo el pastor Alberto Salcedo, que participó en la firma de la ley.

De acuerdo con el informe de Pew Research de 2014, el 77% de los bolivianos son católicos y el 16% son evangélicos o protestantes. Sin embargo, los evangélicos están creciendo, ya que el 60% de ellos dicen que nacieron en la religión católica.

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GUATEMALA. – Los grupos conservadores que impulsan la iniciativa aseguran que el país está siendo arrastrado por corrientes internacionales que introducen temas como “la ideología de género”. “De lo que se trata es de proteger a la familia”, dijo el diputado Aníbal Rojas sobre el tema

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, diputados guatemaltecos encendieron una hoguera de críticas al reactivar un proyecto de ley que busca endurecer el castigo para el aborto y poner un cerrojo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La polémica iniciativa, titulada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, mantiene un pulso en el Congreso entre grupos conservadores y defensores de derechos humanos en plena campaña electoral para los comicios generales del 16 de junio.

“Guatemala está siendo arrastrada por corrientes internacionales, especialmente tendencias que llegan a introducir a nuestros países temas como la ideología de género y entonces básicamente la ley lo que trata es de proteger a la familia de este tipo de corrientes”, dijo a la AFP el diputado Aníbal Rojas, el principal impulsor del proyecto.

El miércoles, cientos de personas se manifestaron contra la iniciativa legislativa

Rojas, del partido derechista Visión con Valores (VIVA), aseguró que tales “ideologías que vienen del extranjero” pretenden “degradar” a la sociedad introduciendo “temas como el aborto y el matrimonio homosexual”.

El proyecto fue presentado en 2017 y ha superado dos votaciones en el plenario legislativo, la última en agosto pasado. Reapareció en agenda la semana pasada para su discusión en tercer debate, por petición de grupos religiosos.

Organizaciones opuestas a la iniciativa convocaron una protesta para este miércoles.

Su aprobación requiere de al menos la mitad más uno de los 158 congresistas y Rojas asegura que cuenta con el respaldo de 80%, “tal vez un poco más”, de los parlamentarios.

En busca de votos

El aborto en Guatemala es castigado con multas y cárcel y solo está autorizado si la vida de la madre está en peligro. En la actualidad, por ejemplo, la pena para el aborto provocado es de 1 a 3 años de prisión, que pueden evitarse con el pago de una fianza.

Para Rojas las actuales penas son muy “blandas”, por lo que propone cárcel de 5 a 10 años para el aborto inducido.

El proyecto prendió la alarma entre organizaciones sociales y diputados opositores.

Preocupa “primero la ampliación de las penas en contra de la mujer, lo segundo es que incluso califican de delito el aborto natural y esto implicaría que los médicos en su conjunto se conviertan en policías”, señaló a la AFP la diputada Sandra Morán, de la izquierdista bancada DIGNA.

Morán consideró que Rojas y el resto de diputados que le apoyan buscan “ganar votos de la Iglesia evangélica y también de la Iglesia católica”, que abarcan 45% y 42% de los 17 millones de guatemaltecos, respectivamente, según encuestas privadas.

Unos 10 partidos han incluido “la protección a la familia” en su discurso de campaña, agregó la congresista.

Pero Rojas, quien niega que su proyecto tenga fines electorales, insistió en que su determinación es proteger a los “bebés que no tienen voz” y “proteger el núcleo de la familia”, en el caso de vedar el matrimonio igualitario.

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