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Violaciones a libertad de religión incrementaron en Cuba, revela nuevo informe
Persecuciones

Violaciones a libertad de religión incrementaron en Cuba, revela nuevo informe

Ene 20, 2016
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CUBA.- Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) revela que las violaciones a la libertad de religión y creencia en Cuba se multiplicaron por diez en 2015 con respecto al año anterior, en el contexto de una ofensiva sin precedente contra las iglesias a lo largo del espectro de las denominaciones religiosas.

Las cifras recopiladas por CSW arrojan 2.300 violaciones en el período, comparadas con 220 en 2014. Muchos incidentes implicaron a iglesias enteras o, en el caso de las detenciones, a decenas de víctimas.

El incremento en el número de casos se debió en gran medida a que el gobierno declaró ilegales a 2.000 iglesias de la denominación pentecostal Asambleas de Dios, ordenando el cierre o la demolición de un centenar de templos en tres provincias, y la confiscación de las propiedades de otras denominaciones, como las Convenciones Metodista y Bautista, como confirmó a Martinoticias la secretaria de Prensa de la entidad vigilante, Kiri Kankhwende.

Según el informe, «la relación invariablemente antagónica entre Caridad del Rosario Diego Bello, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) ─un brazo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que supervisa estos asuntos en la isla─, y el liderazgo de muchos grupos religiosos, es una prueba de que la oficina solamente existe para vigilar, obstaculizar y restringir las actividades de los grupos».

En 2015, la OAR siguió denegando la autorización para una serie de actividades de culto y, en cooperación con otros organismos del gobierno, impuso multas y amenazó con confiscación a decenas de iglesias y organizaciones religiosas. La Oficina también dispuso la expropiación arbitraria de propiedades eclesiásticas históricas y registradas, así como las medidas contra las congregaciones de las Asambleas de Dios.

El informe de CSW también destaca el empleo de «tácticas más brutales y abiertas» que las observadas en la primera década del milenio por parte de los agentes del gobierno.

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CUBA.- Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) revela que las violaciones a la libertad de religión y creencia en Cuba se multiplicaron por diez en 2015 con respecto al año anterior, en el contexto de una ofensiva sin precedente contra las iglesias a lo largo del espectro de las denominaciones religiosas.

Las cifras recopiladas por CSW arrojan 2.300 violaciones en el período, comparadas con 220 en 2014. Muchos incidentes implicaron a iglesias enteras o, en el caso de las detenciones, a decenas de víctimas.

El incremento en el número de casos se debió en gran medida a que el gobierno declaró ilegales a 2.000 iglesias de la denominación pentecostal Asambleas de Dios, ordenando el cierre o la demolición de un centenar de templos en tres provincias, y la confiscación de las propiedades de otras denominaciones, como las Convenciones Metodista y Bautista, como confirmó a Martinoticias la secretaria de Prensa de la entidad vigilante, Kiri Kankhwende.

Según el informe, «la relación invariablemente antagónica entre Caridad del Rosario Diego Bello, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) ─un brazo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que supervisa estos asuntos en la isla─, y el liderazgo de muchos grupos religiosos, es una prueba de que la oficina solamente existe para vigilar, obstaculizar y restringir las actividades de los grupos».

En 2015, la OAR siguió denegando la autorización para una serie de actividades de culto y, en cooperación con otros organismos del gobierno, impuso multas y amenazó con confiscación a decenas de iglesias y organizaciones religiosas. La Oficina también dispuso la expropiación arbitraria de propiedades eclesiásticas históricas y registradas, así como las medidas contra las congregaciones de las Asambleas de Dios.

El informe de CSW también destaca el empleo de «tácticas más brutales y abiertas» que las observadas en la primera década del milenio por parte de los agentes del gobierno.

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