La última iniciativa de el presidente de Estados Unidos, George W. Bush permitirá que el Ministerio de Sanidad rescinda la financiación pública a los hospitales y centros de salud (hay 584.000 en el país) que no atiendan a la objeción de conciencia de su personal sanitario ante el aborto. “Los trabajadores no deben ser forzados a participar en actividades que consideran moralmente erróneas”, dijo el secretario de Sanidad, Mike Leavitt.
Farmacéuticos, médicos y enfermeros podrán citar motivos personales, éticos o religiosos para negarse a tomar parte en cualquier fase del aborto. El uso de un lenguaje poco concreto permitirá que muchos de ellos se puedan negar incluso a administrar métodos anticonceptivos o a dar información sobre la interrupción del embarazo.
En julio, la Casa Blanca presentó una versión preliminar de esta ley en la que, por primera vez en la historia de USA, se definía el aborto a efectos legales. “Hay dos opiniones sobre cuándo comienza el embarazo. Algunos consideran que en la concepción (es decir, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo); otros defienden que en la implantación (cuando el embrión se coloca en el útero). Ambas opiniones son razonables”.
Los congresistas demócratas, en mayoría en las dos Cámaras legislativas, se opusieron ferozmente a un ardid argumentativo que implícitamente definía como aborto algunos métodos anticonceptivos, como el DIU o la píldora del día después, que impiden la implantación del óvulo fecundado. La senadora Hillary Clinton criticó que Bush “permita a ciertos proveedores de salud negarse a ofrecer métodos contraceptivos a mujeres que los necesiten”.
